20.4.2011 Crítica. “No conciben organizaciones al margen del Estado”
EDUARDO DELGADO
Organizaciones feministas, de afrodescendientes y de la colectividad judía se sienten relegadas por el gobierno. Consideran que el combate a la pobreza deja fuera otros temas y que el gobierno no quiere a las ONG independientes.
Desde la reapertura democrática en 1985, las organizaciones civiles de mujeres, de afrodescendientes y de la colectividad judía son de las que más incidencia han tenido en poner temas en la agenda pública.
“Somos un pueblo hijo de aluvión. Están todos los credos, todas las culturas, acá no existe la discriminación, ni hacia los negros, ni hacia los pobres, ni hay discriminación sexual por las opciones que se tomen”, dijo el Presidente José Mujica cuando asumió el 1º de marzo de 2010. Esa fue la primera señal de que los temas de equidad de género, racismo y discriminación no tendría para el gobierno la importancia que las organizaciones de la sociedad civil pretenden.
Luego se dieron otros hechos, entre ellos la menor representación femenina en el gabinete, la poca relevancia institucional que tienen los asuntos de género, racismo y discriminación. Esto se refleja en que ninguno de los responsables de estos temas tiene participación en los consejos de ministros y que las ONG exhiben fuertes diferencias con el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación.
Referentes de estas organizaciones manifestaron su disconformidad con la forma y relevancia que el Poder Ejecutivo le da a los temas y derechos que ellas impulsan.
Para Lilian Abracinskas, directora ejecutiva de Mujer y Salud Uruguay MYSU, este segundo gobierno del Frente Amplio se plantea que “la única contradicción social a superar es la de clases y más allá de que sin lugar a dudas el conflicto entre ricos y pobres tiene un impacto sobre las mujeres, también es cierto que hay otras contradicciones como las de género, que tienen tanta repercusión sobre las mujeres como las de clase”.
Abracinskas consideró que en los partidos en general hay una mirada “muy estrecha de lo que es participación ciudadana”. Señaló que el voluntariado para implementación de políticas públicas es una forma de participación, pero no la de su organización que es para “exigibilidad de derechos”.
“Son dos dimensiones muy diferentes que entran dentro del paraguas de participación, lo que pasa que una es funcional a los gobiernos y otras no lo son”, explicó.
Paternalismo. Néstor Silva, director de comunicaciones de la organización Mundo Afro, dijo que las cifras del INE demuestran que los derechos de la población afrouruguaya “son permanentemente violentados”. “En ese contexto y de acuerdo a esta realidad, esperábamos algo más de lo que hasta el momento se viene implementando”, agregó y recordó que casi todas las organizaciones afro desaprueban el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación. Silva espera “un cambio de actitud por parte de los mandos medios responsables de la ejecución” de las políticas afro.
Para Orlando Rivero, de la Asamblea Afrodescendiente, este gobierno “piensa en el movimiento social afrodescendiente desde una lógica asimilista, con un principio de participación establecido en la recreación y la cultura, desligando la capacidad de acción activa y política, sumiéndonos en un concurso de puestos y logros controlables así como disfrutables”.
“Una participación controlable, profundamente paternalista y arrogante”, acotó.
Marcos Israel, presidente del Comité Israelita, expresó que en el gobierno “no hay voluntad política de dialogar con la colectividad judía”. Esto “es parte de un posicionamiento ideológico, por el cual el Estado debería monopolizar lo social”, sostuvo. “De alguna manera, se trata de no darle la importancia que tienen y han tenido históricamente las organizaciones civiles”, agregó. Para Israel, en el gobierno “no conciben organizaciones que estén al margen de los partidos y del Estado”.
Señaló que “han aparecido una cantidad de organizaciones nuevas que están trabajando para el Estado, pero las tradicionales, que son no gubernamentales y efectivamente han trabajado de esa manera, son las que en definitiva no gozan de la simpatía de buena parte del partido de gobierno”.
Principales críticas
En el primer gobierno del FA hubo cuatro ministras, dos de ellas en carteras no tradicionales como Defensa e Interior; hoy hay solo dos mujeres (en el Mides y Vivienda).
Organizaciones de mujeres cuestionan los escasos resultados del Plan Nacional de Igualdades y Derechos y la falta de incidencia del Instituto Nacional de la Mujer.
También hicieron un planteo en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, por la poca reacción gubernamental ante los casos de violencia contra las mujeres.
La forma como elabora el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación la Dirección de Derechos Humanos es rechazado por muchas ONG, incluso con una denuncia formal de desviación de fondos donados por la cooperación internacional.
El Plan “propone más diagnósticos y técnicos sin acciones concretas” y “los cambios de orientación se produjeron sin consulta alguna”. La lucha contra el racismo y la discriminación “está fuera de la agenda política del gobierno”.
Se eliminaron cargos y organismos que atendían la temática afrodescendiente, entre ellos el de Romero Rodríguez, quien fue asesor presidencial de Tabaré Vázquez en temas de equidad racial.
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